NEUQUÉN (ED) — La subsecretaría de las Mujeres de la ciudad de Neuquén envió ayer una nota al fiscal general José Gerez manifestando preocupación por la prisión domiciliaria otorgada a personas condenadas por delitos contra la integridad sexual de las mujeres y delitos graves en la provincia, en el contexto de la emergencia sanitaria.
Por su parte, el fiscal general Gerez emitió una instrucción general en la que ordena a los fiscales provinciales “impugnar las resoluciones judiciales que concedan excarcelaciones o prisiones domiciliarias motivadas en la pandemia de COVID-19” y, en todo caso, se debe probar “que la sustitución del alojamiento en una unidad de detención por la prisión domiciliaria es adecuada, necesaria y proporcional para reducir sustancialmente ese riesgo”.
“Entendemos que la prisión domiciliaria es un beneficio al que pueden acceder determinados condenados, pero siempre previa resolución de un juez. De ninguna manera la prisión domiciliaria puede ser la primera opción para resolver una infección de coronavirus en un determinado lugar de detención. Hay otras alternativas, si fuera necesario reducir la cantidad de presos por celda”, propuso la subsecretaria María Alejandra Oehrens.
Refiriéndose al caso puntual del hombre de Junín de los Andes que recibió la prisión domiciliaria, a pesar de haber sido condenado por violar a dos niñas, Oehrens afirmó que se trata de una “liberación encubierta”, ya que “en Neuquén, no se ha dictado una acordada como la cuestionada acordada dictada por la Cámara de Casación Penal”.
De esta manera, señaló que el caso de Junín de los Andes podría haberse resulto de otra manera, ya que no hay casos confirmados en el lugar de detención, el hombre no había adquirido el virus y en la localidad no hay circulación comunitaria de la enfermedad.
