NEUQUÉN (ED) — La Legislatura aprobó hoy con 22 votos a favor el proyecto del fiscal general José Gerez, que permite extender hasta nueve meses la prisión preventiva de los imputados por delitos graves que no pudieron ser llevados a juicio, como consecuencia de las medidas preventivas ante la pandemia. Hubo resistencia por parte de 17 legisladores y críticas posteriores.
De acuerdo al proyecto, la extensión del plazo de la medida cautelar no será de aplicación automática, sino que la fiscalía deberá pedirla y un juez o jueza de garantías podrá autorizarla o rechazarla. Además, la defensa tendrá derecho a impugnar la extensión. Originalmente, la propuesta de Gerez extendía por un año las preventivas.
Con gran resistencia por parte de diversos partidos, el MPN, un sector de Cambiemos y Democracia Cristiana protagonizaron los votos a favor. En cuanto a las críticas, los diputados Mariano Mansilla de UNE, Andrés Blanco del Frente de Izquierda y Ayelén Gutiérrez del Frente de Todos, expresaron descontento y preocupación en comunicados públicos. Aún se analiza pedir una declaración de inconstitucionalidad de la ley, una vez que sea publicada en el Boletín Oficial.
“Esta ley se aprueba en un contexto donde ya no existe la cuarentena total, donde cada sector reanudó la actividades tomados los recaudos necesarios; no vemos la limitación en los fiscales y jueces para avanzar en su labor y en responsabilidad social”, destacó Mansilla.
Por su parte, Blanco señaló que “votar la extensión de la prisión preventiva a pesar de poder hacerse los juicios por jurados con los resguardos, adaptaciones y protocolos necesarios, deja a la luz lo que denunciamos desde el primer día, el objetivo es avanzar en una reforma regresiva del código procesal penal y darle mayor poder punitivo al Estado”. Además, criticó la utilización de los delitos de género para justificar esta reforma: “Las víctimas necesitan la realización del juicio, no la extensión de prisión preventiva”, sintetizó.
Asimismo, la diputada Gutiérrez también manifestó que “las víctimas necesitan que los juicios se realicen y se dicten sentencias y, para que esto ocurra, se deben arbitrar todos los medios necesarios que garanticen que se puedan llevar adelante. De ninguna manera la pandemia puede ser una excusa”, concluyó.
