NEUQUÉN (ED) — El diputado provincial del bloque de Democracia Cristiana, Carlos Coggiola, explicó su proyecto de Ley de Régimen de Pasividad Anticipada, aclarando que no se trata de una jubilación anticipada, dado que no acelera el proceso ni carga al Instituto de Seguridad Social con más pasivos, sino que crea una nueva figura intermedia, que no afecta a la Caja.
“Le digo a la población que claramente no debe preocuparse, porque este proyecto no impacta en absoluto en las alicaídas cuentas del ISSN”, aseguró Coggiola, en comunicación con radio Láser. El proyecto presentado ayer imita un régimen existente en Chubut y abre la posibilidad de ahorro al Estado, con la resignación voluntaria de un porcentaje del salario del trabajador estatal pronto a jubilarse, a cambio de que no deba continuar cumpliendo tareas.
“El agente que reúna los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria, entre el 1° de enero 2023 y el 31 de diciembre del 2024, cobraría el 55%, y el que los reúna entre el 1° de enero del 2021 y el 31 de diciembre de 2022, el 70% de sus haberes. Mientras, el Estado hace los aportes de obra social y jubilación como si estuviera cobrando el 100%. Esto no desfinancia para nada a la Caja”, detalló el diputado.
Coggiola manifestó que apenas el proyecto tome estado parlamentario, consultarán a Instituto y a Recursos Humanos de Provincia sobre el listado de trabajadores que podrían entrar en este Régimen, pero que estiman que se trata del 12 o 14% de los empleados públicos activos actualmente. “Presentamos esto hoy porque hay muchas personas de estas características que están en su casa, y el Estado funciona igual. Es una medida de post-pandemia para que el Estado ahorre dinero, sin jubilar a la gente”, comentó.
Asimismo, el funcionario reiteró que no se trata de un sistema de jubilación anticipada, dado que los voluntarios continuarían siendo empleados públicos, resignando el 45% o 30% de sus haberes mensuales, pero aún gozando de aportes y no acudiendo a sus puestos laborales. Según Coggiola, la pandemia “nos muestra que hay muchos agentes en sus casas, sobre todo los próximos a jubilarse, por ser edad de riesgo y, por el otro lado, un Estado con una situación muy difícil en sus cuentas públicas, que necesita medidas de ahorro genuino”.
