NEUQUÉN (ED) — El diputado del Frente de Todos, Mariano Mansilla, elaboró un proyecto de Ley para llevar adelante los juicios en la provincia y les envió copia a los vocales del Tribunal Superior de Justicia, al fiscal y al defensor general para más adelante presentarlo en la Legislatura. Su propuesta suspendería los juicios por jurado por un año, quedando bajo jueces técnicos.
“Me encuentro entre quienes piensan que los juicios deben realizarse, con los debidos cuidados, cuidados que todos los poderes del estado estamos teniendo para funcionar y el resto de la sociedad en aquellas actividades que se han autorizado. Parto del criterio, que seguramente compartimos, que la hora de nuestra historia requiere de quienes ocupamos cargos públicos nuestro máximo esfuerzo. Las víctimas y/o sus familiares esperan justicia y los acusados en prisión preventiva, el juicio”, justificó Mansilla en su propuesta enviada al TSJ.
Desde el inicio de la cuarentena, el 18 de marzo, se suspendieron alrededor de 60 juicios penales, de los cuales sólo uno era con jurados populares. Por su parte, el fiscal general José Gerez, presentó un proyecto que busca extender por un año más el plazo legal de la prisión preventiva, pero Mansilla señaló que su propuesta es superadora, dado que da respuestas rápidas a la víctima y al imputado penado con más de 15 años de prisión.
“Las características y dinámicas propias y específicas del juicio por jurado y las distintas vicisitudes procesales que pudieran eventualmente surgir de las mismas (audiencia de sorteo de jurados, audiencia de selección de jurados, una o múltiples audiencias de juicio, etc.), tornan extremadamente dificultoso, sino imposible, el juzgamiento de las personas imputadas de delito bajo la modalidad de jurados populares”, destacó el diputado.
Tal proyecto será presentado en el contexto de la emergencia sanitaria, situación extraordinaria e inédita, que limita necesariamente el ejercicio de derechos y garantías constitucionales en pos de proteger otros de igual rango y que, por ello, de acuerdo a Mansilla, los poderes del Estado “deben realizar los máximos esfuerzos posibles a los fines de procurar que aquellos derechos que puedan ser afectados, lo sean en un marco de equilibrio”.
