NEUQUÉN (ED) — Se reunirán nuevamente los representantes de las partes comprometidas por la toma en el noroeste de la ciudad hoy al mediodía. Luego de 45 minutos, la mesa de diálogo ayer llamó a un cuarto intermedio y hoy se decidirá, en base a lo que acuerde la fiscalía provincial con las familias, si crearán un registro de demanda habitacional o se producirá el desalojo.
De la reunión participarán el fiscal provincial Pablo Vignaroli; el director de la oficina de Mediación y Conciliación Penal, Ulf Nordenstahl y su subdirectora, Cecilia Basterrechea; las autoridades del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo; funcionarios municipales del área de Urbanismo y Vivienda, y, en representación de los vecinos de la toma, Carlos Rojas, Ángel Díaz y Manuel López.
Vignaroli, respecto a lo que pueda ocurrir hoy, afirmó: “Claramente el desalojo es una última instancia, por eso nosotros generamos la reunión de ayer. Pero también, como fiscalía, ante la constatación de la convención de un delito estamos obligados a hacer cesar los efectos de ese delito. Estamos en presencia de una situación que obviamente es compleja, pero tampoco debe escapar al sentido común que esto ha tenido una organización. La situación habitacional no apareció de un día para otro, sino que es una situación que viene desde hace tiempo y, de repente, se ocuparon terrenos que son de personas privadas”.
Cuando, en una entrevista con La Red esta mañana, le preguntaron sobre los posibles desalojos, se mencionó que según la Constitución los operativos deben realizarse siempre a la luz del día. Sin embargo, el fiscal agregó “nosotros no vamos a avisar cuando vamos a hacer la orden. Básicamente, vamos a tratar de tener toda la cuestión operativa en condiciones para llevar adelante la orden cuando sea conveniente tratando de que, al ejercer la fuerza pública, sea dentro de la medida de lo razonable”.
En cuanto a las responsabilidades, el fiscal dijo que el objetivo es perseguir “a las personas que instigan estas tomas y se aprovechan de la necesidad ajena”. Además, afirmó que quien organiza una toma tiene mayor responsabilidad que quien, ante una necesidad, “sigue a una persona de estas características”.
Si se logra evitar el desalojo, la propuesta del ministerio Público Fiscal fue realizar un relevamiento y una desocupación voluntaria de los predios de Autovía Norte. Las situaciones urgentes se atenderían a cargo del Estado provincial y Estado municipal, con presencia de representantes del Ministerio Público Fiscal. “Que alguien tenga una necesidad no lo habilita a sobrepasar los derechos de otras personas, como sucede en este caso”, consideró Vignaroli.
