BUENOS AIRES (NA) — Ocho de cada diez empresas solicitaron ayuda estatal para hacer frente al pago de salarios y otras obligaciones durante la pandemia de coronavirus, informó el Gobierno nacional.
En la mayoría de los casos se debe a la fuerte caída en el consumo como consecuencia de las medidas de aislamiento social dispuestas para frenar el avance de la temible enfermedad Covid-19.
Más de 400.000 empleadores -la mayoría pymes- se registraron en el sitio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para solicitar subsidios.
Al igual que ocurrió con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), programa en el que se anotaron más del triple de las personas proyectadas, las solicitudes sobrepasaron las expectativas del Gobierno, que desplegó un abanico de beneficios para las empresas.
El objetivo es sostener las fuentes de trabajo en medio del agravamiento de la crisis económica que provocó la cuarentena por el coronavirus.
La asistencia para el trabajo y la producción lleva más de 400.000 inscriptos, con exenciones impositivas, subsidios para pagar salarios de trabajadores y créditos, informó el Gobierno nacional.
Las empresas se inscribieron en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que se habilitó hace ocho días y permite a empleadores afectados por la emergencia sanitaria obtener uno o más beneficios para aliviar los conflictos por los pagos de salarios, en un contexto de paralización casi absoluta de la actividad.
Los beneficios incluyen la postergación o reducción de hasta 95% del pago de las contribuciones patronales y el acceso al programa Repro, dirigido a empresas que superen los 100 empleados, con los que el Estado se hará cargo, como máximo, de $10.000 por trabajador.
Además, se prevé la asignación compensatoria al salario para empresas de hasta 100 trabajadores y el porcentaje que cubrirá el Estado dependerá de la cantidad de empleados.
Estos beneficios se sumaron a la puesta en marcha de una línea de financiamiento por $320.000 millones, destinada a las micro, pequeñas y medianas empresas, para el pago de sueldos a una tasa fija máxima del 24% por un año, con un período de gracia de tres meses.
Se evalúa, además, extender una compensación para los monotributistas de las categorías C y D, entre otras disposiciones.
