Vignaroli detalló que Soisa, Sanz y Osuna eran organizadores de una asociación ilícita que, a través de reclutadores y extractores, robaba ingresos a unos 200 beneficiarios de planes. Por posibles aprietes a testigos, el Fiscal pidió prisión preventiva para los 3.
En conferencia, luego de iniciar los allanamientos, el Fiscal Jefe, Pablo Vignaroli y el fiscal a cargo del caso, de la Fiscalía de Delitos Económicos, Juan Narváez, dieron detalles del avance de la investigación, que inició en julio de 2022, con la denuncia de un beneficiario, que advirtió el vaciamiento de su cuenta del BPN.
Vignaroli dijo que las entrevistas realizadas en los últimos días permitieron avanzar en la causa e indicó que son personas que se animaron a hablar, que nos informaron que “sufrieron distintos tipos de acoso y apriete por parte de los involucrados, y que dieron órdenes de que se borrara información, de que desaparecieran dispositivos electrónicos”.
Además el fiscal dijo que esta metodología utilizada evidenció que los implicados no pueden seguir siendo investigadas estando en libertad, “ya que de llegar a un juicio corremos el riesgo que influencien o que entorpezcan la producción de evidencia”, afirmó.
¿Cómo operaba la red de estafas?
Los acusados son Soisa, Sanz y Osuna, quienes eran los organizadores de una asociación ilícita que manipulaba el dinero a través de reclutadores y extractores. Mensualmente, se sacaba dinero de aproximadamente 200 personas.
”Hablamos de una asociación ilícita que tenía distintos niveles, había un grupo que podemos denominar organizadores que eran Soisa, Sanz y Osuna, porque eran los que tenían el manejo administrativo y tenían las condiciones de disfrazar administrativamente el modo que ellos se hacían del dinero. Después había otro grupo, que llamamos los reclutadores, que eran quienes se encargaban de encontrar a la gente a cuyo favor daban de alta un plan pero era de las cuentas de las cuales sacaban dinero mal habido y había un tercer grupo que nosotros denominamos los extractores que eran aquellos que estaban encargados de tener las tarjetas de débito de los titulares de la cuenta. Ir a los cajeros a los cajeros automáticos y sacar el dinero”,detalló Vignaroli en la conferencia.
“Entonces el rol que nosotros le dimos a Soisa, a Osuna y Sanz, era de ser los organizadores y aquellos que tenían en su poder el dominio de derechos porque eran los que tenían, hasta inclusive administrativamente, el poder de llevar adelante todo el trámite administrativo y disimular”, afirmó.
Además explicó que los planes sociales se liquidaban con un excel que era mandado mes a mes a administración en el cual había una solapa que decía extensión Rivadavia y en esa solapa estaban todas las personas de cuya cuenta se sacaba el dinero
Sobre los allanamientos, Juan Narváez agregó que “De las entrevistas que realizamos estos días, surgió la información que llevan adelante un registro paralelo, una especie de contabilidad paralela y que normalmente se hacía en dispositivos personales, no en los dispositivos del organismo. Por eso es que también el objetivo del allanamiento era poder encontrar esos dispositivos”.
Además, el Fiscal Jefe dijo que esa práctica se venía haciendo de acuerdo a la información, desde hace muchos años. “Podemos decir que había montado dentro de esa dirección un sistema clientelar y dentro de ese sistema clientelar, uno puede estar de acuerdo o no con estos manejos, el dinero llegaba a aquel que lo necesitaba y había una porción de ese dinero que era el que esta asociación conformada dentro de esta dirección lo utilizaba en principio para negocio propio o también tenemos información que se usaban para algunas actividades políticas”, afirmó Vignaroli.
Por último los representantes de la justicia informaron que están a la espera que la oficina Judicial fije la audiencia en las próximas horas, donde podría ampliarse la lista de imputados y que la investigación tiene un plazo hasta el 29 de noviembre del corriente año.
