Neuquén y Río Negro le marcan la cancha a Nación

Ante la finalización de la concesión de las hidroeléctricas, las provincias reivindican la potestad de sus recursos hídricos.

Gutierrez junto a Carreras Foto Twitter ED



NEUQUÉN (ED) — No fue una foto más; por el contrario, marcaron la cancha. El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y su par de de Río Negro, Arabela Carreras, firmaron ayer un acta acuerdo para el análisis de propuestas ante la finalización de las concesiones hidroeléctricas emplazadas sobre los ríos Limay y Neuquén; asunto en el que también tiene sus intereses la secretaría de Energía de la Nación, que conduce Darío Martínez.

Los mandatarios ratificaron la conveniencia y necesidad de intervenir en todo lo relativo a la administración, operación, mantenimiento, explotación comercial y preservación de los aprovechamientos hidroeléctricos. En función de eso, el acta acuerdo define constituir una comisión integrada por representantes de ambas provincias, para que en el plazo de 120 días confeccione un documento que considere y resuma la situación actual de los aprovechamientos desde el punto de vista técnico (civil, electromecánico y eléctrico) y ambiental, además de las obras prioritarias.

Dicha comisión presentará ante los gobernadores de ambas provincias una propuesta de acción para ser presentada al gobierno nacional. Cabe recordar que entre junio y diciembre de 2023 se producirán los vencimientos de las concesiones otorgadas por el Estado Nacional para la operación, mantenimiento y explotación comercial de los aprovechamientos hidroeléctricos existentes sobre los ríos Limay y Neuquén: El Chocón-Arroyito, Piedra del Aguila, Alicurá y Complejo Cerros Colorados.

Nación es quien definirá el esquema o modelo a implementar para llevar adelante tanto la operación y mantenimiento, como la explotación comercial.

En ese sentido, las provincias de Río Negro y Neuquén detentan el dominio inalienable e imprescriptible sobre los recursos hídricos existentes en sus territorios (Artículo 124° de la Constitución Nacional), resaltando que el uso y aprovechamiento de estos recursos debe propender al desarrollo regional, mediante la aplicación de la renta resultante de la comercialización de la energía generada, a un plan de estudios, proyectos y obras de infraestructura a consensuar entre las provincias.



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