Caso Cuadernos: con los arrepentidos en la mira

Los ex funcionarios y empresarios del caso buscarían desacreditar la declaración de los más de 30 arrepentidos. 




BUENOS AIRES  (NA) — La estrategia en conjunto que llevan adelante ex funcionarios y empresarios del caso “cuadernos” es desacreditar la declaración de los más de 30 arrepentidos que tiene la investigación, algo que hicieron ante el Tribunal que hará el juicio pero también vía administrativa, al cuestionar el rol del defensor oficial del chofer Oscar Centeno y del ex secretario de Obras Públicas José López.

Desde hace varios meses, la Defensoría General de la Nación, a cargo de Stella Maris Martínez, analiza un pedido conjunto que apunta a los “arrepentidos” y que fue hecho por la agrupación “Iniciativa Justicia”, que integran los abogados Carlos Beraldi (Cristina Kirchner), Maximiliano Rusconni (Julio De Vido), y Graciana Peñafort (Roberto Baratta), todos imputados en la causa “cuadernos”.

En esa presentación, los letrados apuntaron a cómo se suscitaron las declaraciones de los arrepentidos ante el fiscal Carlos Stornelli, luego homologadas por el juez Claudio Bonadio, y cuestionaron el rol de los defensores oficiales que asistieron a varios de los imputados en ese sentido.

En concreto, fueron contra el defensor oficial Gustavo Kolman, quien asistió durante la instrucción a Centeno y a López, entre otros, y tuvo un rol clave en el acuerdo de arrepentido: es que él le transmitía a los acusados los términos del acuerdo y si convenía o no en función de la estrategia que querían seguir.

Directamente, los abogados ponen en duda si los defensores indujeron a los imputados a “arrepentirse” cuando se los ponía bajo amenaza de ir detenidos. .

Por ello, dijeron que hay “preocupación” por cómo se aplicó la ley 27.304, más conocida como “ley del arrepentido”, y también remarcaron que las audiencias que se dieron en esa causa no fueron “registradas”, o sea grabadas, como marca uno de los artículos de la norma.

En el escrito, le pidieron a la Defensora que ordene medidas para evaluar el rol de aquellos funcionarios del organismo que asistieron a los “arrepentidos”, algo que, según fuentes consultadas por NA, se está realizando.



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