Legisladores vs jueces: ¿Se animarán?

El gremio de los judiciales presentó un proyecto para eliminar los privilegios jubilatorios de los magistrados neuquinos

Ciudad Judicial Foto ED



NEUQUÉN (ED) — Hace apenas un par de días, la Legislatura neuquina aprobó en forma unánime un proyecto que presentó el gobernador Rolando Figueroa y que eliminó las jubilaciones de privilegio para cargos electivos (diputados y funcionarios de la provincia y de los municipios).

Ahora el gremio de los trabajadores judiciales (SEJUN) presentó una iniciativa para eliminar los privilegios de los que gozan los jueces. La pregunta es: ¿Se animarán los diputados?

Los argumentos de la iniciativa que presentaron los dirigentes Claudio Salazar, secretario general de SEJUN, y Gisella Bertone, secretaria de Hacienda, no sólo se argumenta en la injusticia, sino también en el daño a la caja jubilatoria del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), que hoy es deficitaria.
Desde el sindicato se explicó que la iniciativa busca “ponerle fin al reconocimiento de la antigüedad para magistrados y funcionarios abogados del Poder Judicial desde el momento de su matriculación”. Para ello, propone una modificación del artículo 4 de la ley 2501.

Los dirigentes señalaron que la medida apunta a “terminar con un privilegio inaceptable para un sector del Poder Judicial”. Del mismo modo, señalaron que ese sistema de cómputo de antigüedad es “distorsivo y desigual” al no reflejar la antigüedad real en el desempeño de un cargo público y no aplicarse al resto de los profesionales no abogados que integran el Poder Judicial.

La iniciativa sostiene que se trata de un privilegio “económicamente oneroso para el Estado en tanto supone reconoce un período de antigüedad ficticio que les permite a los favorecidos el incorporase al régimen jubilatorio de la ley 859, sin que se hayan realizado los aportes correspondientes y con tan solo seis años de aportes reales efectuados en el desempeño del cargo”.

También mencionaron que se trata de un privilegio que “es discriminatorio y no encuentra ninguna justificación legal, en tanto no hay razones atendibles que justifiquen un trato diferenciado de las y los funcionarios abogados respecto del resto de la planta del Poder Judicial”.

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