Ya hace tiempo Lilita Carrió nos expresaba la necesidad de llevar adelante un contrato moral en la sociedad como la única vía para transformar el presente y lograr la prosperidad tan postergada que nuestra nación viene padeciendo. Ese contrato moral planteaba tres patas fundamentales: No robar, no mentir y no usar al otro, en especial a los pobres. Y por supuesto, no matar.
Cada vez que hay elecciones en la Argentina, se pone a prueba la posibilidad de constituir ese acuerdo.
Lamentablemente, el gobierno a poco de asumir ha confirmado la ruptura de un contrato que, en rigor de verdad, nunca estuvo dispuesto a cumplir. El 17 de agosto próximo es en definitiva, el reclamo que la sociedad hace por incumplimiento de ese contrato.
Debo reconocer que, como diputada nacional y al igual que el resto de los argentinos, observé con mucha expectativa el inicio de este nuevo gobierno y me preocupé cuando las noticias de la pandemia por Covid-19 empezaron a acaparar la atención mundial.
Sin embargo, la decepción no tardó en llegar. Reconozco también que no me sorprendió demasiado.
Recorte a los jubilados, ataques al sector agropecuario, presión impositiva y facultades extraordinarias, se sumaron a la corrupción en la primera oportunidad: sobreprecios en compras de emergencia e intentos de someter a la justicia a las conveniencias del poder político.
A meses nomas de empezar esta gestión, debimos denunciar penalmente los actos de corrupción y ejercer una activa defensa de la independencia de los poderes, aun con un Congreso funcionando parcialmente con la excusa de la pandemia.
La protesta ciudadana convocada para el 17 de agosto, fecha del fallecimiento del General San Martin y figura emblemática de los argentinos que dedicó su vida a luchar por la libertad, tiene mucho sentido.
Es la manifestación ciudadana que exige el cumplimiento de ese contrato moral, que se levanta en contra de la mentira casi sistemática que se viene imponiendo. Una fuerza política que llegó al poder prometiendo mejorar el ingreso de los jubilados, respetar la justicia y ayudar a las empresas a crecer, hizo exactamente todo lo contrario.
Por eso, las consignas se vuelven muy claras: no queremos una justicia sometida al poder político sino todo lo contrario: independiente de él. No queremos que se siga destruyendo la economía y mucho menos el avance abusivo sobre las libertades individuales que solo trae atraso y pobreza. Una política que llevó a que el 63% de los niños estén por debajo de la línea de pobreza no puede ser convalidada.
En cada fecha patria la gente ha salido a protestar este año, el 17 de agosto es otro hito en ese proceso de reclamo ciudadano.
Toda la clase política debe tomar nota de esto y del rumbo que imperiosamente debe cambiarse.
