Crimen de Fernando Báez Sosa: comienza la etapa de alegatos 

El fiscal Juan Manuel Dávila.Foto NA: JOSE SCALZO



BUENOS AIRES (NAI — El fiscal Juan Manuel Dávila y la querella que representa a los padres de Fernando Báez Sosa pedirán hoy las penas para los ocho rugbiers acusados del crimen del joven ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell y el abogado Fernando Burlando ya adelantó que reclamarán perpetua para todos ellos por homicidio agravado por alevosía y por premeditación.

Serán alegatos de no más de tres horas cada uno, según fuentes consultadas, y empezarán por el fiscal Dávila y su colega Gustavo García. Ambos alegarán ante el Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores a cargo del juicio, y si bien no adelantaron el pedido, se prevé que sea de penas que trepen hasta la prisión perpetua.

Por su parte, Burlando junto a sus socios Fabián y Facundo Améndola ya adelantaron en los lineamientos iniciales del debate que pedirán la pena máxima porque entendieron que los rugbiers planificaron el crimen, que hubo premeditación y que actuaron con alevosía, esto es asegurarse el resultado de muerte y haber actuado a traición, algo que podría traducirse en las patadas y piñas que le dieron a Fernando cuando estaba tirado en el piso sin ofrecer resistencia.

Además de los agravantes, la querella insiste en que hubo coautoría funcional, es decir,  que todos contribuyeron a matarlo al joven, tanto aquel que le dio golpes como también quienes le pegaron a los amigos de Fernando para evitar que lo vayan a socorrer. Esa misma lógica adoptó en su requerimiento de elevación a juicio la fiscal Verónica Zamboni.

Durante la jornada del miércoles solo serán los alegatos de la parte acusadora y se prevé que los imputados estén presentes en la sala de audiencias. También se van a exhibir distintos videos de la causa, parte de las pruebas con la que los acusadores sostendrán la responsabilidad de cada uno de los implicados que vienen siguiendo el juicio desde el arranque.

En tanto, mañana será el turno del defensor Hugo Tomei, quien se estima que planteará un delito menor, más aproximado a un homicidio o agresión en riña que prevé 6 años de prisión.

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