BUENOS AIRES (NA) — El Juzgado de Garantías 9 de Lomas de Zamora dispuso ayer nueve allanamientos a sedes del sindicato Camioneros en el marco de la causa que investiga una asociación ilícita en el club Independiente y la supuesta participación de Hugo y Pablo Moyano.
Los allanamientos incluyeron la sede del gremio que encabezan Hugo y Pablo Moyano en el barrio porteño de Constitución, hasta donde llegaron los propios dirigentes, líderes de otros sindicatos y decenas de afiliados para cuestionar la medida.
También hubo operativos en otra sede porteña del gremio y siete locales de Camioneros en la provincia de Buenos Aires.
La medida judicial se desarrolló en el marco del expediente judicial que investiga una asociación ilícita a raíz de la declaración del barrabrava Pablo “Bebote” Álvarez.
Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal en lo penal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera en el marco de la causa por asociación ilícita y lavado de dinero a raíz de negocios que habrían realizado los Moyano en el Club Independiente, del cual Hugo es el presidente.
Las maniobras investigadas van desde la supuesta utilización de la barra brava de Independiente como fuerza de choque para apretar a jugadores, cuerpo técnico y también empresarios a cambio de la entrega de sumas de dinero; pero también la venta de entradas; el dinero producto de la venta de futbolistas y hasta algunos contratos entre la sede deportiva y el gremio de camioneros.
“No tenemos nada que esconder”, señalaron Hugo y Pablo Moyano, quienes señalaron que la llegada de unos 150 gendarmes se dio cuando “jubilados y embarazadas” realizaban trámites en la sede gremial de la calle San José.
Pablo Moyano en declaraciones a C5N advirtió: “Si voy en cana yo, si va en cana Hugo, acá hay miles de camioneros que van a salir de defender a los trabajadores”.
Los operativos habían sido solicitados por Scalera el año pasado, pero los mismos fueron rechazados por el entonces juez Luis Carzoglio, así como el pedido de detención en contra de Pablo Moyano.
Tras ello, Carzoglio fue suspendido de su cargo y afronta un pedido de juicio político, por ello es subrogado por Brenda Madrid, quien convalidó los pedidos de allanamiento en búsqueda de documentación.
