BUENOS AIRES (NA) — Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Estado argentino para pedir que se dicte una medida cautelar “urgente” a fin de que se suspenda el concurso para cubrir las vacantes de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones.
En el comunicado presentado ante la Secretaria Ejecutiva interina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), María Claudia Pulido, los jueces advirtieron fueron “destituidos” como camaristas ya que se trataría de cargos “vitales para quienes manejan actualmente el poder”.
“Los motivos pueden ser varios, sin descartar la venganza, búsqueda de impunidad o simplemente obtener cargos del esquema central del poder judicial”, agregaron los dos jueces-
Según afirmaron en el escrito, “fueron actos en apariencia lícitos con un vicio originario de ilegalidad (centrado en el Consejo de la Magistratura de la Nación), montados desde la estructura máxima del poder del Estado y perfectamente coordinados”.
“Mediante esta ilícita acción, violaron las garantías de inamovilidad y estabilidad de la que gozábamos. Los motivos pueden ser varios, sin descartar la venganza, búsqueda de impunidad o simplemente obtener cargos del esquema central del poder judicial”, enfatizaron.
Los magistrados, a su vez, pusieron la mira en el presidente Alberto Fernández, dejando entrever que sería uno de los responsables de sus “destituciones”.
“Es difícil pensar que el Presidente de la República Argentina no se encontraba especialmente inquieto o constreñido para desalojarnos de los despachos”, opinaron.
Sobre el final del documento, Bruglia y Bertuzzi reclamaron la nulidad de los dispuesto por el Consejo de la Magistratura “por violar la seguridad jurídica, afectar la irretroactividad y la estabilidad de los actos administrativos firmes y consentidos, que generaron derechos subjetivos y que sólo podían ser cuestionados por la vía judicial”.
Los dos jueces habían sido trasladados por decreto desde el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 a la Cámara Federal de Apelaciones sin que se haya efectuado un concurso.
El Consejo de la Magistratura dictaminó que los traslados habían sido irregulares, por lo que los jueces recurrieron ante la Corte Suprema, que aceptó el per saltum y trató el caso en tiempo récord.
En un fallo dividido, el máximo tribunal consideró que Bruglia y Bertuzzi debían permanecer en sus cargos, pero no de forma indefinida sino hasta que se sustanciaran nuevos concursos.
La decisión de avanzar con el concurso fue interpretada por los dos magistrados como una “remoción política” y activaron estrategias para denunciar la situación.
