NEUQUÉN (ED) — La Asociación de Organizadores de Eventos, Proveedores y Afines de Neuquén y Río Negro presentó un proyecto de Ley en el que solicitan un régimen transitorio de emergencia para su actividad, con un programa de asistencia crediticia, una moratoria especial y un Ingreso Familiar de Emergencia, poniendo de manifiesto la situación crítica que atraviesan en el actual contexto de pandemia.
La propuesta incluye un programa de asistencia crediticia para las micro, pequeñas y medianas empresas y monotributistas, con créditos a una tasa del 0% anual y un período de gracia de, por lo menos, 12 meses desde el otorgamiento, prorrogable en caso de extenderse la pandemia. Los créditos deberán destinarse al sostenimiento de las actividades mientras duren las medidas y a la inversión para la compra de elementos y equipos de bioseguridad para el cumplimiento de los protocolos sanitarios.
Además, plantea una moratoria especial por deudas tributarias provinciales y municipales atrasadas y la suspensión de cobro mientras dure el aislamiento social y por seis meses más. Por otro lado, propone instituir un Ingreso Familiar de Emergencia de 20 mil pesos, destinado a compensar la pérdida o grave disminución de ingresos por la situación de emergencia sanitaria.
Los fundamentos mencionan que el sector registra una parálisis total desde el comienzo de las medidas preventivas para mitigar el avance de la pandemia, al tiempo que advierten que el proceso de recuperación será lento, por tratarse de uno de los últimos sectores que se reactivarán. Asimismo, mencionan que el sector de organización de eventos está compuesto por cientos de empresas que brindan servicios para actividades sociales, empresariales, todo lo que tiene que ver con ferias y congresos, reuniones de trabajo, festivales y eventos al aire libre.
“Es fundamental extremar esfuerzos para enfrentar no sólo la emergencia sanitaria, sino también la problemática económica y social”, señala la iniciativa.
En ese sentido, subraya que el Estado debe estar presente y que las consecuencias económicas de la emergencia obstaculizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas por trabajadores, comerciantes y pequeños y medianos empresarios del sector, al tiempo que impactan directamente en la disposición de recursos económicos para el sustento diario de sus familias.
