Proponen patrimonios de funcionarios más visibles

El proyecto de Democracia Cristiana establece que las declaraciones juradas deben ser públicas.

Diputado Carlos Coggiola (DC) Foto: HLN / ED



NEUQUÉN (ED) — Con el fin de incentivar políticas de transparencia, el diputado de Democracia Cristiana Carlos Coggiola, presentó un proyecto de Ley de ética y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, que establece, entre otros puntos, que las declaraciones juradas patrimoniales de todos los funcionarios públicos deben ser públicas, de acceso a todos los ciudadanos.

La propuesta va en línea con una de las premisas de trabajo del líder del espacio de Democracia Cristiana, el ex gobernador Jorge Sobisch, que ha hecho la denuncia contra la corrupción, una de sus banderas políticas.

El proyecto presentado alcanzará al gobernador y vicegobernador; diputados provinciales; magistrados judiciales y de los ministerios Públicos; Defensor del Pueblo; ministros, secretarios y subsecretarios; interventores provinciales; contador general y tesorero de la provincia; fiscal de Estado e integrantes de Tribunal de Cuentas; miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, entre otros.

Establece la obligación de presentar una declaración jurada patrimonial dentro de los 30 días hábiles desde la asunción de los cargos, en sobre cerrado en la Escribanía General de Gobierno, con copia autenticada al Tribunal de Cuentas.

Quienes no lo hagan, serán intimados por la autoridad responsable de la recepción y quien no cumpla con la presentación antes de finalizar la función pública, no podrá ejercerla nuevamente. El listado de las personas que hayan hecho la presentación se publicaría en el Boletín Oficial. 

En cuanto al acceso público, el proyecto establece que a las declaraciones patrimoniales podrá accederse presentando una solicitud escrita “que especifique sus datos personales, el motivo de la solicitud y el destino que se le dará al informe, y el conocimiento de que no podrá usarla en forma ilegal” ante el Tribunal de Cuentas, y que el uso ilegal de tal información será sancionado con multas sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera corresponder. 

Además, los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones. Se prevé el inicio de sumario en caso de tener que investigar supuesto de enriquecimiento injustificado en la función pública y de violaciones a los deberes y al régimen de declaraciones juradas e incompatibilidades.



DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here