Marcha atrás con la auditoria a las llamadas de Macri

La Cámara Federal revocó hoy la orden que había dado la jueza María Servini para investigar las llamadas del ex presidente y otros funcionarios.

Mauricio Macri archivo NA



BUENOS AIRES  (NA) — La Cámara Federal revocó hoy la orden que había dado la jueza María Servini para investigar las llamadas del ex presidente Mauricio Macri en el marco de una causa sobre supuestas presiones al Grupo Indalo.

Se trata de un peritaje que había ordenado la jueza sobre los teléfonos de Macri, José Torello, Mario Quintana y Fabián Rodríguez Simón, entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de agosto del 2019, pero para los camaristas Martín Irurzun y Lepoldo Bruglia era un período excesivo de tiempo que supera “los límites que razonablemente permite el objeto” de la investigación.

Además, adhirieron a los planteos de la defensa de Macri y los otros ex funcionarios, que habían acusado que el peritaje afecta “derechos individuales y esferas de la actuación ajenas a la incumbencia” de la justicia.

La investigación que lleva adelante Servini buscar determinar si existieron presiones para torcer la línea ideológica del Grupo Indalo y eventualmente apoderarse de la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Ante la queja de las defensas, la Cámara le pidió a la magistrada que delimite “los momentos que, a su modo de ver, resulten relevantes” para la causa que investigue.

“Corresponderá que emita un nuevo pronunciamiento donde se limitan los alcances de la medida de prueba a los espacios de tiempo que se ciñan estrictamente a los momentos a su modo de ver relevantes según la hipótesis fijada en el caso”, sostuvo la Cámara Federal.

A la vez, le reclamó a Servini que “ni bien se produzcan los primeros resultados” de las llamadas, “esa información sea recibida únicamente por el juzgado para que la directora del proceso” determine “cuáles datos son ajenos al legajo imponiendo su eliminación y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad”.

El entrecruzamiento ordenado abarcaba el período entre principios de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019, para tener detalle “de interlocutores comunes y frecuentes”, en medio de sospechas sobre si a partir de 2015 tras la asunción de Macri hubo presiones al Grupo Indalo, porque “se habría perseguido el propósito de que los medios de comunicación adquirieran una línea editorial afín al Gobierno” de ese momento.

También se investigan supuestas presiones para forzar la venta a precio vil del Grupo Indalo y limitar la libertad de prensa.



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