BUENOS AIRES (NA) — La Cámara aprobó este jueves con media sanción el proyecto de ley de Economía del Conocimiento, que crea un régimen de la promoción fiscal para empresas tecnológicas que produzcan servicios basados en el conocimiento y la digitalización de la información.
La iniciativa, que fue fruto del consenso entre el oficialismo y la oposición, cosechó 246 votos afirmativos y sólo dos negativos.
Las empresas beneficiarias podrán convertir en un bono de crédito fiscal transferible, por una única vez, el 70% de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado al sistema de seguridad social.
Y se propone que dicho crédito fiscal ascienda al 80% en caso de que las empresas contraten mujeres, personas travestis, transexuales, transgénero, personas residentes en zonas desfavorables, personas con discapacidad, personas que estuvieran percibiendo planes sociales, profesionales de la ingeniería o ciencias exactas y naturales con posgrado.
Por otra parte, el régimen estipula una reducción del 60% en el monto total del impuesto a las Ganancias que pagan las empresas incorporadas al registro de Economía del Conocimiento.
En tanto, el proyecto prevé la creación de un “Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía de Conocimiento” y de un “Consejo Consultivo del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”.
Durante la gestión de Mauricio Macri se había aprobado una ley de Economía del conocimiento que debía entrar en vigencia el 1 de enero pasado, pero el Gobierno de Alberto Fernández suspendió la norma y envió un proyecto propio en febrero.
Al introducir el debate, el presidente de la comisión de Comunicaciones e Informática, Pablo Carro (Frente de Todos), destacó que la normativa “va a definir una política de Estado para los próximos 10 años”.
El cordobés señaló que la expectativa es que las industrias de la Economía del Conocimiento, que hoy representan el 8% de las exportaciones totales del país y emplea a 500.000 personas, en diez años llegue al 15% del mercado exportador y emplee a un millón de trabajadores.
El tratamiento de la iniciativa se postergó producto de la parálisis inicial que el desembarco de la pandemia de coronavirus en marzo provocó en el Poder Legislativo.
“Creo que acá el gobierno tuvo una buena visión, no tenía sentido sacar esta ley solos. Este proyecto, que fue enviado en febrero, era insuficiente. Al final del día, todos sabemos, que esta ley merece que nos pongamos todos de acuerdo”, indicó Karina Banfi (UCR), quien se manifestó conforme con la redacción aprobada.
Las críticas fueron aportadas por el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, y de los diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Romina del Plá.
Ramón advirtió que la normativa tiene “gato encerrado” ya que bajo la excusa de fomentar a las pymes, se terminan avalando enormes beneficios que las grandes empresas venían “pidiendo a gritos”, como la reducción de aportes patronales, del impuesto a las Ganancias y de Ingresos Brutos.
En la misma línea, Del Plá señaló que mientras a las grandes empresas se le otorgan “enormes exenciones impositivas y subsidios a granel”, “a los trabajadores no se les exime nada”.
“Al trabajador que piensa que aquí se está tomando alguna medida progresista, que no se ilusione porque no está pasando”, remató.
