El 23 de diciembre pasado, se promulgó la Ley 27.541 mediante la cual, el oficialismo aprobó nueve emergencias. Por entonces, el COVID-19 era un problema para el mundo, pero aún no para los argentinos.
Sin embargo, dicha ley era la bandeja perfecta para recibir un virus que, al parecer, todo lo puede, lo explica y justifica.
El oficialismo supo hacer de la pandemia una oportunidad de acumulación política, cuyos destacados principales son las “pausas” impuestas a los poderes Judicial y Legislativo, con el pretexto de un “cuidado especial y único” que no reciben otros servidores públicos y que sólo se explica en el propósito de contar con un poder desmedido y autocrático.
Empobrecida la institucionalidad, más allá de la necesidad sanitaria, el presidente de la Nación concentró toda la atención ciudadana en el COVID-19, tercerizando -con astucia- la evaluación diaria de la pandemia en la voz de una docena de infectólogos de trayectoria insospechada, aunque sus afirmaciones tengan la relatividad propia de la ausencia de testeos.
La soberana y única palabra cumple un estratégico doble rol: El de informar sanitariamente y, al mismo tiempo, legitimar la pobreza institucional, impuesta de modo calculado. El aislamiento obligatorio como medida sanitaria es un inmejorable instrumento de poder que, al decir de Foucault, estructura el orden social.
El espacio público -de momento- no es escenario de disputas ni registra la expresión de múltiples malestares sociales. El Presidente, desde ese plano de poder único avalado por la complacencia de algún segmento de la oposición, ya firmó una treintena de decretos, muchos de los cuales avanzan sobre materias de dudosa constitucionalidad.
No hay sesiones legislativas, apenas reuniones de comisiones no presenciales con Diputados que pueden interrogar tres minutos; funcionarios que pueden “propagandizarse” una hora y atractivas palabras de apertura del Presidente de la Cámara, Sergio Massa, quien oficia de maestro de ceremonias, en un quiebre inaudito de su propio y específico rol.
Tampoco se reunió la Comisión Bicameral Permanente de tratamiento legislativo, encargada de evaluar la constitucionalidad de los DNU. Un reclamo que realizó la Coalición Cívica entendiendo que esa Comisión debe encontrar la forma de continuar funcionando en un contexto de emergencia el cual exige nuestros mayores esfuerzos.
No hay Presupuesto, lo que permite alterar partidas y, el jefe de Gabinete viola el art. 101 de la Constitución que lo obliga, al menos una vez por mes, dar informe de gestión, ante cada una de las cámaras legislativas. Si esto no es vandalismo institucional que me expliquen qué es.
