Los terrenos de Casimiro Gómez continúan en disputa

Más de 1200 familias ahora habitan en la toma, en reclamo por la emergencia habitacional.




NEUQUÉN (ED) — Más de 1200 familias habitan la toma de la rotonda de Casimiro Gómez y, según sus ocupantes, es la más grande de la provincia. El fiscal Marcelo Jara autorizó su desalojo, que aún no fue efectivo. Sin embargo, las familias continúan la medida de fuerza que comenzaron el domingo por el reclamo de vivienda.

“La gente no aguanta, necesita un terreno, aunque sea un pedazo de 10 por 20 para vivir dignamente”, afirmó Emanuel López en comunicación con El Digital Neuquén, un vecino de la toma. “Para tener vivienda, hay que empezar por la tierra. Y acá estamos, empezando por la tierra”, manifestó.

Además, comentó que la división de tierras es autogestionada: “bien sabemos que es momentánea porque, en caso de que nos entreguen las tierras, es un trabajo que tendrá que hacer Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo del Neuquén o Tierras Fiscales, pero estamos buscando el consenso de todos los vecinos”.

También están presentes en el territorio integrantes del Movimiento Techo Digno (MTD), quienes se acercaron a proteger sus tierras y, a través del diálogo, lograron evitar conflictos con las familias de la toma. Andrés, perteneciente al MTD y miembro de la comisión vecinal del Z1, destacó el buen intercambio y afirmó “les planteamos que no tomaran este sector, si querían tomar terrenos más arriba, quedaba a criterio de ellos. Pero no dentro de nuestro sector que estamos cuidando hace más de diez años. Hay un proyecto armado, que es lo que nosotros hacemos: planificar algo real urbanístico, un techo digno para la gente que lo necesita”.

Los vecinos de la toma, por su parte, no tienen planes de desalojar el terreno: “Pretendemos quedarnos a vivir por lo menos 100 años, porque serán nuestras viviendas y las de nuestros hijos”, dijo Emanuel López. “Si hay algún problema de público o privado, que lo arregle el gobierno”, opinó respecto a las tierras fiscales municipales que ahora habitan.

Además, acusó al gobernador Omar Gutiérrez de “hacer oídos sordos” al reclamo de emergencia habitacional. Por su parte, Sebastián González, ministro jefe de Gabinete, afirmó ayer que el gobierno provincial repudia “las usurpaciones en la ciudad y a los instigadores que están detrás”. A su vez, comentó que están trabajando con la fiscalía para identificar a las 1200 familias “y que les inicien causas penales”.

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